ASUNCION, Paraguay (AP) - La Cámara de Diputados de la oposición controlada por Paraguay, el Congreso votó el jueves para impugnar el presidente izquierdista Fernando Lugo por su papel en un choque mortal la participación de los campesinos sin tierra, añadiendo a la agitación política de la nación sudamericana y que provocó los residentes asustados de la capital a las empresas del obturador y los niños de extracción de la escuela.
Lugo de inmediato apareció en la televisión nacional y se comprometió a enfrentar un juicio político posible “con todas sus consecuencias”, desestimando rumores de que podría renunciar.
La cámara baja aprobó el juicio político por una votación de 76-1. El movimiento pasa ahora al Senado, controlado por la oposición, donde el juicio se llevará a cabo si se aprueba.
No hubo información inmediata sobre cuando el Senado podría votar sobre si se debe acusar a Lugo y obligarlo a enfrentar lo que se conoce aquí como un “juicio político”.
Residentes de la capital se produjo irritación por el enfrentamiento que se avecina y la posibilidad que podría provocar protestas en las calles como los que siguieron de marzo de 1999 el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.
“Estoy trabajando en la calle y la verdad es que estoy muy asustada! Estomacal”, escribió un usuario de Twitter llamado Pamela Verón en su cuenta, VeronPame. “Y el nuevo ministro del Interior, ¿qué dice acerca de nuestra seguridad?” un hombre paraguayo, de nombre Juan Fleytas Twitter de su cuenta, fedefleytas. “Se garantiza que nada va a pasar con nosotros si protestar?”
La elección de Lugo en 2008 puso fin a 61 años de gobierno del Partido Colorado, y él no ha dejado de se enfrentaron con el Congreso, donde tiene pocos aliados firmes. Si depuesto, Lugo sería reemplazado por el vicepresidente Federico Franco.
Los críticos responsabilizan a Lugo por la violencia que estalló la semana pasada cuando la policía intentó desalojar a unos 150 agricultores de la 4.900 acres (2.000) hectáreas de reserva, que es parte de una vasta propiedad de propiedad de un político del Partido Colorado. Los defensores de los agricultores dicen que el terrateniente utiliza su influencia política para obtener la tierra de las décadas de estado antes, y dicen que debería haber sido ponerlo a trabajar por la reforma agraria.
Diecisiete personas murieron en el enfrentamiento.
Lugo, de 63 años, ha expresado su pesar por la confrontación y aceptó la renuncia de su ministro del Interior y su jefe de policía.
Paraguay es el mundo N º 4 de proveedores de soja y disputas por la tierra han aumentado en los últimos años ya que los agricultores buscan más tierras para cultivar la cosecha, que es fuente de ingresos de exportación del país superior.
Lugo, quien renunció al cargo de un obispo católico como candidato a la presidencia, había prometido tierras agrícolas para 87.000 familias sin tierra. Pero a medida que se acerca al final de su mandato el próximo año, que no ha cumplido, en parte porque sus programas han sido bloqueados en la legislatura.
El presidente una vez fue conocido como el “obispo de los pobres”, y su elección fue parte del giro a la izquierda de América del Sur.
Lugo sigue siendo apoyado por algunos grupos de trabajadores agrícolas, entre ellos varios cuyos líderes dijeron que querían viajar a la capital para demostrar su apoyo.
En las calles de la capital paraguaya, opiniones sobre el esfuerzo de la acusación fueron mixtos.
“Lugo debe terminar su mandato y después vamos a elegir a alguien que nos pertenece a nosotros”, dijo Benito Cañete, un conserje de 68 años de edad, en un edificio de apartamentos. “Yo creo que si se deshacen de él ahora va a ser malo para el país”.
Ana Campuzano, un odontólogo de 42 años de edad, con el respaldo del esfuerzo de expulsión. “Lugo debería renunciar, que era malo para que se quede” tras el choque mortal, dijo. “Es su culpa, porque no sabe cómo manejar las cosas.”
El jueves, Lugo instó a los legisladores a hacer todo lo posible para evitar un juicio político, advirtiendo que podría ser resistida por muchos ciudadanos que lo respaldan y que podría ponerlos en el lado equivocado de la historia.
Problemas de tenencia de la tierra de Paraguay se remontan casi 140 años a una guerra perdida Paraguay a Argentina, Brasil y Uruguay. Cargan con una deuda aplastante la guerra, el Paraguay inició la venta de participaciones del gobierno que ascendieron a 95 por ciento del país, con las parcelas más fértiles van a compinches políticos.
Las privatizaciones se aceleró bajo la dictadura de Alfredo Stroessner 1954-1989 y en la década de 1990, cuando cerca de 17 millones de acres (7 millones de hectáreas) terminó en las manos de unas 1.877 personas, según un estudio gubernamental de 2004.
En 1999, el asesinato de Argaña se profundizó un enfrentamiento político y dio lugar a manifestaciones para pedir al presidente Raúl Cubas Grau, del Partido Colorado a ser juzgado por el asesinato de Argana. Siete manifestantes fueron asesinados en un enfrentamiento con las fuerzas del gobierno, lo que lleva a la renuncia de Cubas.
